La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP29) se está llevando a cabo del 11 al 22 de noviembre de 2024 en el Estadio de Bakú, Azerbaiyán. Este evento incluye la 29ª sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), la 19ª reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes del Protocolo de Kioto (CMP 19) y la 6ª reunión de la Conferencia de las Partes que actúa como Reunión de las Partes del Acuerdo de París (CMA 6).
En el dia de ayer, 12 de noviembre de 2024, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático en Bakú, se llevaron a cabo negociaciones sustantivas en diversas áreas clave sobre las cuales vamos a realizar nuestros comentarios.
Se iniciaron consultas informales para establecer un nuevo objetivo de financiamiento climático que sustituya la meta actual de USD 100 mil millones anuales. El G-77/China propuso un objetivo de USD 1,3 billones por año, con asignaciones específicas para los Países Menos Adelantados (PMA) y los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (PEID). Sin embargo, hubo desacuerdos sobre la inclusión de pérdidas y daños en este financiamiento y sobre la estructura del objetivo, especialmente en relación con la inversión en transición energética.
En relacion con el financiamiento a Largo Plazo, se discutió si la meta de USD 100 mil millones anuales se había alcanzado en 2022. Algunos países desarrollados afirmaron que sí, mientras que otros, como el Grupo Africano, señalaron que este objetivo es anual y que un solo año no es suficiente para considerarlo cumplido.
Como parte de esta transición, el proyecto debera incluir la transparencia en la financiación climática, en donde, los países participantes deberán establecer un nuevo objetivo colectivo cuantificado (NCQG) con parámetros claros y mecanismos de información, situación que facilitaría el seguimiento y la evaluación de los flujos financieros, mejorando así la rendición de cuentas y la transparencia en el uso de los fondos.
Este enfoque permitiría a la comunidad internacional verificar que los recursos se utilicen de manera eficaz y lleguen a los beneficiarios previstos, generando estrategias financieras climáticas que integren el cambio climático en la planificación fiscal y financiera de los países. Esto incluye la creación de taxonomías verdes y regulaciones de divulgación financiera que permitan una mejor clasificación de las actividades sostenibles y una mayor coherencia en las políticas, ya que ayudaría a identificar barreras al financiamiento y a establecer mecanismos para superarlas, lo que también contribuiría a una mayor transparencia.
Por otro lado, promover estándares compartidos para las evaluaciones climáticas en la financiación de proyectos es esencial, acciones que facilitarian la movilización de fondos privados, sino que también aseguraría que las inversiones se alineen con los objetivos climáticos internacionales, como el Acuerdo de París. No debemos dejar de mencioanar que la colaboración entre bancos de desarrollo y instituciones financieras locales puede ser crucial para adaptar estos estándares a las realidades locales.
Se debatió la necesidad de aumentar la ambición en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) y de establecer un programa de trabajo que impulse acciones más ambiciosas en mitigación, discutiendo temas como la eliminación gradual de combustibles fósiles y la transición hacia energías renovables.
La transición energética debe ser justa, garantizando que los trabajadores y comunidades dependientes de la industria fósil reciban apoyo durante este cambio. Se enfatizó la importancia de crear un marco internacional que respalde esta transición, similar al Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, que busca establecer un plan global para eliminar gradualmente la producción y uso de combustibles fósiles.
Este enfoque no solo aborda la crisis climática, sino que también tiene el potencial de mejorar la salud pública al reducir la contaminación del aire y otros riesgos asociados con los combustibles fósiles.
Asimismo, se discutieron estrategias para fomentar la inversión en energías renovables y tecnologías limpias, así como la necesidad de eliminar subsidios a los combustibles fósiles, lo que podría reducir significativamente las emisiones de gases de efecto invernadero. En resumen, el debate subrayó que para lograr una mitigación efectiva y ambiciosa, es imperativo adoptar medidas concretas hacia la eliminación gradual de combustibles fósiles y avanzar hacia un futuro energético sostenible.
Se llevaron a cabo consultas sobre cómo medir el progreso en la adaptación al cambio climático y cómo integrar estos indicadores en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). En este contexto, se enfatizó la necesidad de contar con un financiamiento adecuado para la adaptación y de fortalecer la resiliencia de las comunidades vulnerables. Para medir el progreso en adaptación, se pueden utilizar diversos enfoques y herramientas. Por ejemplo, el marco de Monitoreo, Evaluación e Informes (MER) desarrollado por C40 proporciona una guía para que las ciudades evalúen sus acciones de adaptación, incluyendo una matriz de indicadores que permite seguir el impacto de estas iniciativas
La integración de estos indicadores en las NDC es crucial para asegurar que los esfuerzos de adaptación estén alineados con los compromisos climáticos globales. Esto implica que los países deben desarrollar metodologías robustas para monitorear y evaluar sus progresos, lo que incluye establecer líneas base y utilizar indicadores que reflejen cambios en la capacidad adaptativa de las comunidades
Asimismo, se debe garantizar un financiamiento adecuado que no solo apoye la implementación de proyectos específicos, sino que también fortalezca las capacidades locales para gestionar y adaptarse a los impactos del cambio climático. En resumen, la combinación de metodologías efectivas para medir la adaptación y un financiamiento adecuado es esencial para avanzar hacia comunidades más resilientes frente al cambio climático.
Se discutió la operacionalización del nuevo fondo para pérdidas y daños, centrándose en criterios de elegibilidad y mecanismos de financiamiento que aseguren que los países más afectados por el cambio climático reciban el apoyo necesario. Este fondo es crucial para abordar las consecuencias del cambio climático, especialmente en naciones vulnerables que enfrentan fenómenos climáticos extremos y sus efectos devastadores. En este sentido, se propuso establecer criterios claros que definan qué países o comunidades pueden acceder a este financiamiento, considerando factores como la vulnerabilidad a desastres naturales, la capacidad de adaptación y el nivel de desarrollo económico.
Además, se debatieron diferentes mecanismos de financiamiento que podrían incluir donaciones, préstamos a bajo interés y garantías para atraer inversiones privadas. La idea es crear un sistema que no solo proporcione recursos financieros, sino que también garantice la sostenibilidad a largo plazo de las iniciativas de adaptación y recuperación. También se destacó la importancia de la transparencia en la gestión de estos fondos, asegurando que los recursos lleguen efectivamente a quienes más los necesitan.
La implementación exitosa de este fondo dependerá de la colaboración entre gobiernos, organizaciones internacionales y el sector privado, lo que permitirá movilizar recursos adicionales y fomentar un enfoque integral para enfrentar los desafíos del cambio climático. En resumen, garantizar un apoyo adecuado a los países más afectados es esencial para construir resiliencia y mitigar los impactos del cambio climático en las comunidades vulnerables.
Se enfatizó la importancia de la transparencia en el financiamiento climático, destacando la necesidad de claridad sobre qué se considera financiamiento climático y la exclusión de créditos a la exportación. La transparencia es fundamental para asegurar que los flujos de financiamiento se utilicen de manera efectiva y que los recursos lleguen a los beneficiarios previstos, lo que a su vez fomenta la confianza entre donantes y receptores.
Es crucial establecer definiciones claras y consensuadas sobre el financiamiento climático, ya que esto permite diferenciar entre fondos destinados específicamente a proyectos climáticos y otros tipos de asistencia financiera, como los créditos a la exportación, que no siempre contribuyen directamente a la mitigación o adaptación al cambio climático.
Además, se propuso implementar marcos de medición y seguimiento que permitan evaluar la efectividad del financiamiento climático. Esto incluye el uso de informes bienales de transparencia (BTR) que proporcionen datos sobre los niveles de financiamiento, su impacto en las emisiones de gases de efecto invernadero y los avances en las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). La creación de estándares internacionales también puede ayudar a mejorar la comparabilidad y coherencia, asegurando que se cumplan criterios específicos y se evite el "ecoblanqueo" en las inversiones.
Por último, se destacó la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales en los países receptores para gestionar y reportar adecuadamente el financiamiento climático, situaciones que deberan incluir elaboración de informes y establecimiento de mecanismos de rendición de cuentas, lo cual es esencial para garantizar que el proceso sea transparente y efectivo en su propósito.
La COP29 en Bakú ha logrado avances significativos, como la aprobación de estándares para un mercado global de carbono y el establecimiento de un nuevo objetivo de financiamiento climático que supere los 100,000 millones de dólares anuales. Los países están llamados a presentar compromisos nacionales más ambiciosos para limitar el calentamiento global a 1.5 °C. Sin embargo, persisten desafíos en equilibrar la financiación entre mitigación, adaptación y pérdidas y daños, asegurando que los compromisos se traduzcan en acciones concretas.